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Transparentar el gasto público en Oaxaca
Por:  / 19 enero, 2015
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Iván Restrepo / La Jornada

(19 de enero, 2015).- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmó el pasado 9 de enero un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para instaurar las mejores prácticas en contratación de obra pública en el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México. Entre otras cosas, se busca evitar la corrupción.

El titular de la OCDE destacó que la construcción del nuevo aeropuerto es el proyecto de inversión más importante del país en décadas. Y que los ojos de todos los mexicanos, los ojos del mundo van a seguir su ejecución con gran interés y tenemos que garantizar juntos que sea un programa impecable en su ejecución e impoluto respecto de la percepción.

También la OCDE supervisará la nueva licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro. La anterior fue cancelada sorpresivamente en noviembre pasado por el Ejecutivo federal un día antes de que en el noticiario de Carmen Aristegui se revelara que una de las empresas integrante del consorcio ganador ha estado estrechamente ligada a las administraciones del estado de México y es propietaria de la llamada Casa Blanca, en uso del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera. El escándalo desatado por estos hechos le dio la vuelta al mundo.

En aras de la transparencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe participar activamente en el caso del faraónico centro de convenciones que, contra toda lógica, se quiere construir en uno de los lugares menos apropiados de la ciudad de Oaxaca: el Cerro del Fortín. Y es que, según se dijo en la reciente reunión que tuvieron funcionarios del gobierno local con especialistas e integrantes del organismo que defiende el patrimonio natural de esa entidad, el Pro-Oax, el dinero para levantar el mencionado centro proviene de la SHCP, dependencia que encabeza el licenciado Luis Videgaray.

Un organismo independiente puede analizar seriamente los aspectos técnicos, sociales y económicos relacionados con el citado proyecto y la forma en que fue adjudicado. Esto último, para despejar la duda de que no es un negocio más alentado por el secretario de Turismo del gobierno oaxaqueño, también dueño del hotel contiguo al proyectado centro de convenciones. Nada mejor que estudiar con toda la seriedad requerida si realmente es una prioridad para la ciudad de Oaxaca. De serlo, extraña que la ciudadanía no haya sido consultada al respecto. Pero además, si se cuenta con todas las licencias requeridas a nivel local y federal para una obra de tal magnitud. Y si en los estudios que dicen respaldar la construcción citada ( ahora sus promotores la etiquetan como cultural) se evaluaron las afectaciones que ocasionará al medio ambiente y al entorno urbano. No sólo por su ubicación, contigua a un área de reserva ecológica, sino porque agrega más problemas (entre ellos la contaminación) a una zona urbana ya sobresaturada por el parque vehicular.

Existe otra razón no menos importante para evaluar la necesidad de dicha obra y la forma en que fue adjudicada para realizarla: por la situación económica mundial y sus repercusiones en nuestro país, todo apunta a que el gobierno federal hará recortes en el gasto público. Lo más lógico y justo es que afecten a las inversiones innecesarias, como el citado centro de convenciones. Y en cambio se garanticen los recursos a programas que sí requieren todo el apoyo institucional. Para el caso de Oaxaca, los casi 600 millones de pesos que se gastarían en lo que no urge, traerían más beneficios si se invierten correctamente. Por ejemplo, en programas para crear fuentes de empleo productivo, mejorar el sistema de salud, garantizar el uso racional del agua y la conservación de los pulmones verdes de la ciudad; mejorar el transporte público, ahora obsoleto y contaminante.

Cuando por doquier se denuncia a funcionarios y legisladores por aprovecharse de sus cargos para enriquecerse, nada más conveniente que hacer obligatoria la transparencia en todo lo referido al gasto público. Y más en Oaxaca, donde las prioridades son otras, no un megaproyecto alejado del sentir ciudadano.

Foto: Ciudadanía Express

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