La desaparición de normalistas, maniobra militar: general Francisco Gallardo

RevistaVarioPinto

(15 de diciembre, 2014).- Una de las imágenes más llamativas de las marchas y manifestaciones de protesta en solidaridad con los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 es la del incendio del Congreso de Guerrero, en Chilpancingo, el 12 de noviembre.

Seis días antes, el 6 de noviembre por la tarde —antes de su conferencia de prensa—, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Earl Anthony Wayne. Luego vino su controvertido discurso, que causó desazón entre los padres de los estudiantes e indignación en Guerrero y otras entidades del país, incluida la Ciudad de México.

Y aun cuando el procurador Murillo Karam expuso que era imposible afirmar con certeza que los huesos y dientes calcinados podrían ser de los normalistas, en ningún momento externó que se trataba de ellos, lo cual creó confusión en los medios mexicanos e internacionales, así como entre las organizaciones sociales que siguen el caso.

Dos días después, el 9 de noviembre, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tachinollan —cuyos abogados representan a los padres de los normalistas— difundió un comunicado en el que afirmó:

“Los hallazgos dados a conocer por la PGR y respaldados por Enrique Peña Nieto carecen de pruebas científicas y credibilidad y han de ser avalados por peritos argentinos. Los padres de familia estarían dispuestos a aceptar resultados si hubiera pruebas irrefutables que al día de hoy no se tienen. El gobierno al hablar sin pruebas juega con la situación dolorosa de las familias de los desaparecidos”.

“Iguala no es el Estado mexicano”, dijo ese día Murillo Karam frente a las cámaras, intentando deslindar al gobierno federal de su responsabilidad y endosando las culpas a la policía municipal y a las autoridades de Iguala (el alcalde José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, habían sido arrestados en la Ciudad de México el 4 de noviembre).

Sin embargo, el general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, quien cobró fama en la década de los noventa del siglo pasado por proponer la creación de la figura de un ómbudsman militar, manifiesta su discrepancia.

“Desde que pasó ‘el detalle’ (la agresión a los normalistas y la desaparición de 43 de ellos), yo dije: fue el ejército el que realizó la desaparición porque hicieron una maniobra militar”.

No tiene dudas pues, expone a Variopinto, tuvo testimonios directos: “Yo platiqué al día siguiente con gente que presenció los hechos. Vinieron a mi oficina y platicaron conmigo. Estoy seguro que fue el ejército. Porque la policía en México está militarizada. El ejército hizo una maniobra militar. Hay policía municipal, hay civiles, pero son militarizados.

“A todos los policías de la región los concentran, para hacer cursos e investigarlos, en la zona militar de Tlaxcala, donde hay un centro de adiestramiento. Pero ¿por qué a los policías civiles los mandan a adiestrar a la zona militar? Pues porque son militares. Todo este show —agarrar al presidente municipal, encontrar a un único culpable— es para que no se concentre la mirada en el ejército”.

La estrategia del yunque y el martillo

Y aunque en su conferencia del 7 de noviembre Murillo Karam afirmó que el ejército no tuvo nada que ver con los acontecimientos de Iguala, los días posteriores al 26 de septiembre los normalistas sobrevivientes relataron que las tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no quisieron intervenir para auxiliar a los agredidos.

Al respecto, el general Gallardo Rodríguez comenta: “No fue omisión; son cómplices. Esta es la maniobra que a mí me platicaron: los estudiantes tomaron vehículos ‘prestados’ —lo cual estuvo mal— e intentaron meterse a Chilpancingo. La policía, el ejército y todas las fuerzas de seguridad los detuvieron y los empujaron hacia Iguala, por la carretera.

“Pasaron un puente, adelante del cual había un retén de la Policía Federal; un retén militar vestido de Policía Federal, mejor dicho. Pasaron, los seguían empujando; luego llegaron a otro retén que estaba enfrente del cuartel del 27 Batallón de Infantería. Y ahí fue donde pasaron todos los detalles”.

Fue una maniobra llamada “yunque y martillo” que, según el entrevistado, se usa en la guerra de guerrillas: el que detiene es el yunque, el que golpea es el martillo.

Y sigue relatando: “Los estudiantes dijeron: aquí está el ejército, nos va a ayudar… pero no los ayudaron. Fueron a las clínicas a pedir auxilio; tampoco los ayudaron. En ningún lado los ayudaron. ¿De qué se trata? ¿Por qué las fuerzas de la policía y las tropas del ejército se comportaron de esa forma?

“Yo digo que porque pensaron que no iba a pasar nada. Un joven de Ayotzinapa que presenció la agresión me contó: ‘Cuando detuvieron el camión se bajó un compañero de nosotros a discutir con la policía que por qué los estaban deteniendo’. Y al estar discutiendo le dieron un tiro en la cabeza; fue un francotirador”.

Jesús Moisés González, ex subdelegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y actual asesor de la senadora Layda Sansores, sostiene que la responsabilidad directa es del presidente de la República:

“En México no existe un solo camión que recorra las carreteras federales o estatales sin que lo sepa el Cisen; no existe. Si un grupo se mueve en determinada región, el delegado de ese estado, a través de las subdelegaciones del Cisen, reporta a la Ciudad de México en tiempo real qué movimientos efectúa ese camión, su trayectoria, cuánta gente va y quién la encabeza.

“Es imposible que el Cisen no lo supiera. Además, el organismo tiene computadoras instaladas en los vehículos para mandar imágenes e información de los vehículos al satélite y en tres segundos llega todo a las oficinas del Cisen. Así es como opera”.

Las omisiones

El territorio de Guerrero es rico en recursos naturales, sobre todo en minas de oro, plata, bosques y agua. De acuerdo con el general Gallardo y otros analistas consultados por Variopinto, es precisamente por esos recursos que se genera la violencia y la represión.

“La minera canadiense Torex, por ejemplo, descubrió una mina sobre el río Balsas en la localidad de Quechultenango, a pocos kilómetros de Chilpancingo”, dice el general.

Con base en informaciones de la minera, el periódico El Economista publicó el 6 de noviembre pasado una nota según la cual la empresa va a invertir 725 millones de dólares en los próximos años y se espera que sólo de esa mina se puedan extraer 358 mil onzas de oro anuales entre 2017 y 2024.

“Pero la gente que está ahí no se va a dejar. Es así como se debe leer el caso de los normalistas de Ayotzinapa”. Y se pregunta: “¿Quién apoya esta política? El presidente de la República. Al decidir que el ejército siga desempeñando funciones de policía en la calle es ‘dominio del hecho’”, explica el general José Francisco Gallardo.

El dominio del hecho es la teoría jurídica en la que el autor intelectual es tan responsable como el autor material que cometió el ilícito, sobre todo en instituciones jerárquicas, ya sea por acción (una orden clara) o por omisión (falta de supervisión o inacción).

En las semanas posteriores a la desaparición de los normalistas, en las estructuras del Estado mexicano involucradas se fortaleció la idea de que, como varios hermanos de la esposa del ex alcalde igualteco José Luis Abarca Velázquez eran capos del grupo Guerreros Unidos, la responsabilidad directa e intelectual de la masacre y de la desaparición forzada se atribuía totalmente a la pareja.

No obstante, Jesús Moisés González sostiene que esto es impensable: “La responsabilidad recae directamente en el presidente de la República porque a través de su delegado del Cisen debió abrir una ficha sobre la familia Abarca Pineda. Las fichas se abren cotidianamente cuando hay campañas o precampañas electorales. Se forman fichas por cada aspirante. Esas fichas incluyen: nombre, apellido, ideología, a qué grupos pertenecen los aspirantes, si pertenecen a algún club deportivo.

“La información completa la tenía el Cisen antes de que Abarca Velázquez ocupara un cargo de elección popular. ¿Por qué la pgr y los órganos de inteligencia no dieron aviso? Y si lo dieron, ¿por qué el secretario de Gobernación no dio las instrucciones para que se le detuviera o investigara?

“El asunto recae directamente en el presidente. El secretario de Gobernación no puede actuar si no obedece la orden del señor presidente, quien tenía información previa sobre quién era Abarca. Pero ahora todos se deslindan”.

Tlatlaya

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrió cuatro días después de que se denunció que el 30 de junio pasado una partida de soldados ejecutó en una bodega a 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Sobre ese caso, el general Gallardo comenta: “Es lógico que no va a haber una orden específica, porque los mandos no son tontos y nadie en su sano juicio va a dar una orden de ese tipo, pero hay una responsabilidad del mando de la zona militar, del jefe de Estado Mayor de la zona, que es el que opera las tropas desde el punto de vista teórico operacional”.

Pero se ha intentado pasar la ejecución como un homicidio doloso o un delito administrativo de los soldados que dispararon. La versión oficial es que no fue una ejecución. “Desde que vi las fotos de Tlatlaya dije: este es un fusilamiento; así de fácil. Porque yo he estado con la tropa en operaciones de orden interno.

“La responsabilidad directa la tiene el titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos. Luego nos bajamos al comandante de la zona, al jefe del Estado Mayor de la zona, al comandante del batallón, al comandante de la compañía y (después a) quienes dispararon.

“Pero ¿quién apoya esta política de militares con funciones de policía?: el presidente de la República. Decidir que el ejército siga desempeñando funciones de policía en la calle es dominio del hecho. Si procesan a los soldados que dispararon en Tlatlaya por infracción de deberes militares y no por ejecuciones extrajudiciales, cambia todo.”

Ellos, dice, “están siendo juzgados por infracciones en el servicio público en sus funciones como militares. ¿Qué son actos del servicio? Son aquellos que desempeña un militar que tenga relación con la disciplina castrense. Nada más. Y la matanza de Tlatlaya no tiene relación con la disciplina, porque están desempeñando funciones de policía. Lo que está haciendo el gobierno de Peña Nieto es encubrir ese crimen”.

Para Gallardo, la responsabilidad se remonta directamente al titular de la Sedena: “¿Y él cómo para el escándalo? —se pregunta—. La pgr ya intervino. Hubo una negociación con el Alto Mando militar. El secretario de la Defensa nunca va a permitir que le ocupen sus funciones como administrador de la justicia. Entonces el militar dijo: ‘A ver, vamos a hacer un trato; releva a los comandantes, detén a siete gentes, a un oficial. De todos ellos vamos a procesar a tres’.

“Y luego, a esos tres, les dicen: ‘¿Saben qué? Tranquilos, dejen que se calmen todas las aguas y después les damos la mano’. Y le llaman ‘lealtad a la institución’; espíritu de cuerpo mal interpretado. Esto es complicidad con el crimen. Apuesto lo que sea que este delito va a quedar impune.”

Los deberes del ejército

En los países democráticos los cuerpos castrenses no cumplen con asuntos de orden interno, pues éstos recaen en los cuerpos de seguridad civiles.

Según el artículo 89 de la Constitución mexicana, el presidente de la República tiene la facultad de utilizar la máxima fuerza del Estado para seguridad interior o la seguridad nacional; es decir, a las tres fuerzas armadas.

No obstante, otros artículos indican que compete al Senado de la República declarar el Estado de excepción, un documento político-jurídico que permite al Poder Legislativo regular el manejo de las fuerzas armadas en los asuntos de orden interno.

“Ese documento nunca se firmó formalmente —según Gallardo—, pero en México el Estado de excepción es de facto. Y ahí vienen las broncas. Si es de facto, no hay controles. ¿A quién le rinde cuentas el ejército? ¡A nadie! La Sedena no se puede autorregular.”

La función del ejército en todos los Estados democráticos es defender la integridad territorial y la soberanía nacional, concluye Gallardo:

“En un Estado democrático las armas no apuntan hacia dentro, apuntan hacia fuera. Simón Bolívar dijo que un soldado que apunta sus armas a su pueblo es un soldado maldito. ¿Por qué en México el ejército realiza funciones de policía? La función de policía es de carácter administrativo y compete exclusivamente a la autoridad civil. El ejército está afuera porque la autoridad civil ha sido negligente. La justificación es que ‘la policía es corrupta e inoperante.

“Y yo digo: también el ejército es corrupto e inoperante. Y más ahora. El asunto de carácter estratégico es que ahora no tenemos ejército; no existe. Tenemos a una policía militar. Las tropas están subordinadas a las políticas de seguridad de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida”.

Foto: RedPolítica

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *